Transcripción de la columna en Radio Carve de 06 de noviembre, 2024
Hoy estamos con el Dr. Emiliano Opertti, miembro del departamento de Contencioso & Consultoría legal del Estudio Posadas. Nos acompaña para hablar sobre los Arbitrajes de Inversión: ¿Qué son y cómo impactan a Uruguay?
Para empezar, ¿qué es un arbitraje de inversión?
Buenas tardes. El arbitraje de inversión es un mecanismo que permite resolver disputas entre inversionistas extranjeros y el Estado receptor de esas inversiones. Es un proceso alternativo al litigio en los tribunales, en el que un tribunal arbitral especializado examina el caso y toma una decisión vinculante para ambas partes.
¿Qué tipo de disputas suelen surgir en el contexto de las inversiones internacionales?
Principalmente, estas disputas nacen cuando el inversionista considera que sus derechos han sido violados por decisiones del Estado, como cambios regulatorios que afectan negativamente su inversión, expropiaciones sin compensación adecuada o trato discriminatorio. Los inversionistas suelen recurrir al arbitraje cuando consideran que el país no ha cumplido con las garantías prometidas en tratados bilaterales de inversión.
¿Cómo funciona este sistema para Uruguay y qué tratados tenemos vigentes?
Uruguay ha firmado varios tratados bilaterales de inversión, o TBI, con diferentes países. Estos tratados establecen un marco legal que otorga ciertas protecciones a los inversionistas extranjeros, como la seguridad jurídica y el trato justo. Si un inversionista considera que el Estado uruguayo ha incumplido con estas garantías, puede iniciar un proceso de arbitraje en organismos internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial.
¿Cuáles son las principales ventajas del arbitraje para los inversionistas?
Para los inversionistas, el arbitraje de inversión ofrece imparcialidad y especialización. Los árbitros son expertos en derecho internacional y en el sector en cuestión, lo que permite un análisis profundo de la situación. Además, es un proceso que evita la incertidumbre de someterse a los tribunales locales del país, donde el inversionista podría temer una falta de neutralidad.
¿Y qué implica para Uruguay someterse a este tipo de arbitrajes?
Para Uruguay, el arbitraje de inversión presenta ciertos desafíos. Si bien permite atraer inversiones al país al ofrecer un marco seguro para los inversionistas, también implica el riesgo de demandas internacionales. Si el país pierde el arbitraje, puede enfrentar obligaciones económicas importantes.
¿Nos puede dar un ejemplo reciente que ilustre cómo estos arbitrajes afectan a los países?
Claro, un ejemplo relevante para Uruguay fue el caso con Philip Morris, en el que la compañía de tabaco demandó al Estado uruguayo por sus políticas de control del tabaco. Aunque Uruguay ganó el arbitraje, el proceso fue largo y costoso. Este caso mostró que, si bien el arbitraje protege las inversiones, también permite a los Estados defender sus políticas cuando están justificadas.
¿Existen otras herramientas que el Estado uruguayo puede utilizar para evitar estos arbitrajes o mitigar sus efectos?
Sin duda. Una de las herramientas es el uso de contratos bien definidos que minimicen los riesgos legales y permitan resolver conflictos de manera más ágil. Además, el Estado puede incluir cláusulas de resolución local, de manera que, ante ciertas disputas, se pueda acudir a tribunales uruguayos. También es importante llevar un seguimiento de las políticas que pueden impactar a los inversionistas y asegurar que se comuniquen de manera clara y oportuna.
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