Transcripción de la columna en Radio Carve de 27 de setiembre, 2023
La Ley No 20.130 aprobada a fines de abril de este año, estableció una profunda modificación del Sistema jubilatorio y pensionario de nuestro país, abarcando a todas las entidades gestoras de planes de seguridad social incluyendo a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.
La reforma creó el denominado SISTEMA PREVISIONAL COMUN, basado en el llamado “régimen mixto”, aumentó la edad de jubilación a 65 años, modificó las causales jubilatorias y la forma de cálculo de las prestaciones, entre otros ajustes.
Recordemos que el objetivo primordial de la reforma es equilibrar el presupuesto de todas las Instituciones de seguridad social, que se han visto afectadas fundamentalmente por la denominada “masificación de la longevidad”.
En el caso de la Caja de Profesionales Universitarios, la reforma introducida por la Ley 20.130 resulta totalmente insuficiente para lograr su sostenibilidad, ya que esta entidad arrastra dificultades estructurales desde hace más de 10 años, con pérdidas operativas muy significativas.
Para tratar de asegurar la viabilidad de la Caja en el mediano y largo plazo, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el pasado viernes un proyecto de ley, conocido como “Ley exprés”.
Para conversar sobre los aspectos claves de este proyecto estamos en contacto con el Dr. Alejandro Castello del Departamento Laboral del Estudio Posadas.
SALUDOS
1.- Antes de analizar el contenido del proyecto de Ley exprés, quizás sea conveniente brindar a los oyentes información general acerca de la Caja de Profesionales, para comprender mejor el contexto.
Totalmente de acuerdo.
Un primer punto para destacar es que la Caja de Profesionales Universitarios fue creada en el año 1954 y tiene la naturaleza jurídica de Entidad Pública No Estatal. Su Directorio está compuesto por siete miembros: 4 elegidos por los activos, 1 elegido por los pasivos y 2 son designados por el Poder Ejecutivo.
Un segundo aspecto para tener presente es que la Caja incluye en su ámbito de afiliación a más de 54 profesiones, que representan a su vez a más de 300 títulos universitarios, que van desde las tradicionales como Contador, Arquitecto, Ingeniero, Veterinario, Odontólogo o Médico, hasta las carreras más recientes como Licenciado en Turismo o Licenciado en Comunicaciones.
Un tercer punto es que la Caja cuenta al mes de agosto de 2023 con aproximadamente 163.000 afiliados, de los cuales 63.000 son aportantes y los otros 100.000 declaran no ejercicio. Ello significa que solo el 40% de los afiliados aporta mensualmente al sistema.
Otro dato relevante es que la Caja cuenta con aproximadamente 14.700 jubilados y 5.000 pensionistas. Quiere decir que el sistema tiene casi 20.000 pasivos.
2.- Qué se puede informar a los oyentes respecto a la situación económica y financiera actual de la Caja de Profesionales.
Como tu indicabas en la presentación del tema, la Caja tiene problemas estructurales desde hace varios años y comenzó a tener resultados operativos negativos desde el año 2020.
Para tener idea de la dimensión del problema, obsérvese que hoy día la Caja tiene ingresos operativos mensuales de aproximadamente U$S 38 millones y egresos de U$ 42 millones, por lo que tiene un déficit de U$S 4 millones mensuales, o sea, casi 50 millones por año. El déficit operativo del año 2022 fue de cerca de U$S 60 millones.
Varios estudios actuariales indican que las reservas financieras de la Caja se agotarán en el correr del año 2025 (probablemente en julio), peligrando desde ese momento el pago de jubilaciones y pensiones.
3.- El proyecto de ley exprés, ¿quién lo elaboró y cuáles son sus principales lineamientos?
Hace más de un año se creó un grupo de trabajo conformado por el MTSS, el MEF, la OPP y la Caja de Profesionales para trabajar en la elaboración de una propuesta de salvataje.
En ese contexto el Directorio de la Caja elaboró un anteproyecto que envió al Poder Ejecutivo a fines del año pasado. Luego de varios meses de negociación, finalmente el viernes pasado el Gobierno envió al Parlamento el Proyecto de ley que recoge varias de las propuestas que hizo la Caja.
En forma sintética podría decirse que el proyecto implica un aumento de los aportes de los afiliados activos, una contribución que deberán realizar los pasivos sobre sus jubilaciones y pensiones, un cambio en la cantidad de categorías sobre las cuales aportan los profesionales, un aumento de las potestades de fiscalización de la Caja para tratar de detectar posibles evasores, la modificación de la forma de cálculo de las jubilaciones y la asistencia financiera del Estado.
4.- Veamos entonces cada uno de estos aspectos con más detalle. Qué nos puedes decir sobre el aumento de la aportación de los afiliados activos.
Actualmente los profesionales aportamos una contribución cuya tasa es del 16,5% aplicada sobre un sueldo ficto. No se aporta sobre el ingreso real del profesional sino sobre un valor ficto. Es un sistema similar al que aplica el BPS para las empresas unipersonales.
Hasta ahora existen 10 categorías con su correspondiente sueldo ficto, las cuales se van escalando cada 3 años para alcanzar así una carrera de 30 años de aportes. Para tener una idea más clara, actualmente a la categoría 1 le corresponde un sueldo ficto de $ 30.050 y a la categoría 10 de $ 157.807.
El proyecto de ley propone que el aporte sobre los fictos pase a ser del 19%, pero faculta al Directorio a aumentar esa tasa entre 0,5% y 1% anual hasta alcanzar una tasa máxima de 22,5%, si el resultado operativo de cada ejercicio anual fuese negativo y se proyecta que se mantendrá de esa manera.
Además, el proyecto propone pasar de 10 a 15 categorías, con ascenso de una a otra cada 2 años, de manera de pasar de categoría con subidas de aportación menos pronunciadas. Este régimen aplicaría para los que se gradúen y ejerzan la profesión a partir del 1 de diciembre de 2023.
5.- En el caso de los pasivos, ¿cuál es la modificación propuesta?
En el caso de los jubilados y pensionistas, se propone crear una “prestación de carácter pecuniario” con una escala que va del 0% al 10% sobre el monto de la pensión o jubilación. La tasa va creciendo de a 2 puntos.
Para tener una idea de lo que representa esta prestación, las pasividades que tiene un monto inferior a 6 BPC, que hoy es la suma de $ 33.960, tendrán aporte 0%.
Ahora bien, si la pasividad está entre 6 y 10 BPC, que hoy representan entre $ 34.000 y $ 56.600, se aplicará una tasa del 2%, y así se va incrementando la tasa de 2 puntos según diferentes franjas de la pasividad, hasta llegar a la cantidad de 20 BPC, que hoy son $ 113,200, a la que corresponderá una tasa del 10%.
6.- Mencionabas anteriormente que una preocupación de la Caja es mejorar su potestad de fiscalización de deudores y evasores, ¿qué novedades trae el proyecto de ley exprés?
El proyecto de ley habilita a la Caja el intercambio de información con otras instituciones del Estado, tales como DGI y BPS, con la finalidad de mejorar los controles y la fiscalización del ejercicio profesional y sobre todo las declaraciones de no ejercicio. La Caja tiene la convicción de que muchos afiliados declaran no ejercicio, pero en verdad ejercen su profesión sin facturar, lo que obviamente reduce los ingresos del sistema.
Recordemos que un 60% de los afiliados declara no ejercicio.
7.- Para finalizar y a cuenta de lo que podamos profundizar en futuras intervenciones, cuál es la asistencia financiera que brindará el Estado para equilibrar las cuentas de la Caja y asegurar su flujo de fondos.
El documento establece que el Gobierno otorgará una asistencia financiera anual desde el año 2025 hasta el año 2036, con un tope aproximado de U$S 50 millones por año.
La norma tiene una redacción compleja en este punto, pero sintéticamente lo que dispone es que el Gobierno dará asistencia financiera una vez al año, por un monto equivalente al incremento que se produzca en la recaudación anual de la Caja como fruto de la suba de la tasa de aportación de los afiliados activos que disponga el Directorio.
O sea que, el Gobierno condicionó la ayuda a que la Caja aumente la tasa de aportación de sus afiliados. Y la asistencia será equivalente al incremento del aporte de los profesionales. Cabe aclarar que, es asistencia. No un préstamo.
En resumen, de aprobarse el proyecto de ley exprés, lo que debe hacerse antes del 31 de octubre de 2023 porque no pueden aprobarse leyes sobre gasto público durante el año electoral, los Profesionales activos y pasivos nos enfrentaremos con medidas que obviamente no son simpáticas, porque implicará un esfuerzo económico para todos, pero que parecería que son ineludibles para alcanzar la sostenibilidad de la Caja.
Escuchá la columna completa aquí.
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