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Seguridad Social

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Se dictan nuevas normas en materia de seguridad social. 

 

Ley 19.590 - Se modifica el régimen jubilatorio previsto por la ley 16.713, solución a la problemática de los denominados “cincuentones”.

La ley 19.590 de fecha 28 de diciembre de 2017 prevé una serie de modificaciones al régimen previsional vigente, en búsqueda de una solución a la problemática de los denominados “cincuentones”.

En este sentido la ley, dispone que:

a. Las personas que contaban con cincuenta años o más al 1 de abril de 2016 y que, a la fecha de la vigencia de la ley, se encontraren comprendidas obligatoriamente en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio previsto en la ley 16.713, podrán desafiliarse del régimen con carácter retroactivo y quedar comprendidos en el régimen de transición previsto en el Titulo VI de la ley 16.713 siempre que no se encontraren en goce de alguna jubilación servida por el régimen de ahorro individual.

b. La desafiliación puede realizarse por una única vez, es de carácter irrevocable y se realizara ante el Banco de Previsión Social (“BPS”). Asimismo, previo al ejercicio de la opción el interesado deberá contar con un asesoramiento previo del BPS quien deberá brindarlo, debiendo contener el análisis una trayectoria laboral del afiliado y una proyección estimativa de las eventuales prestaciones a que podría acceder según la decisión que adoptase.

c. La solicitud de asesoramiento detallada precedentemente solo podrá realizarse dentro del plazo de un año a contar desde: (i) la fecha de vigencia de la ley para las personas que tenían 56 años o más al 1 de abril de 2016; (ii) un año desde la fecha de vigencia de la ley para las personas que tienen entre 53 y 55 años de edad al 1 de abril de 2016; y (iii) una vez transcurridos dos años desde la fecha en vigencia de la ley para las personas que tenían entre 50 y 52 años de edad al 1 de abril de 2016. Una vez presentada la solicitud de asesoramiento, el BPS tendrá un plazo máximo de un año para brindar el mismo, pudiendo extenderse dicho plazo por razones fundadas del BPS.

d. La desafiliación podrá realizarse dentro del plazo de noventa días a contar desde el día siguiente a aquel en el que se brindó el asesoramiento por parte del BPS.

Asimismo, establece que el traspaso de los interesados que ejerzan la opción del sistema de ahorro individual al sistema de transición se financiará a través de la creación de un Fideicomiso de administración, que se constituirá con los fondos acumulados por las personas que opten por desafiliarse y en qué tipo de valores se podrán invertir sus fondos.

Por otro lado, la ley contiene disposiciones sobre; (i) cómo se efectuarán los pagos jubilatorios; (ii) efectos de la desafiliación en caso de que el interesado tenga una jubilación de otra actividad amparada al BPS; y (iii) las comisiones máximas que podrán percibir las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional.

 

Ley 19.568. –Se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América.

La ley 19.568 aprueba el Convenio de Seguridad Social entre nuestro país y los Estados Unidos de América (el “Convenio de Seguridad Social”).

En el Convenio de Seguridad Social se establecen mecanismos de traslado temporario para trabajadores de cualquier a de los dos Estados parte que se trasladen de forma temporaria a los efectos de desempeñar su actividad habitual.

Adicionalmente, el Convenio de Seguridad Social dispone la totalización de periodos de aportación a ambos sistemas de seguridad social, cuando se cumplan ciertos requisitos, a los efectos de percibir beneficios de la seguridad social en cada uno de los Estados parte.

 

Decreto 390/017. Se establece la suspensión del mecanismo de movilidad (“corralito mutual”) previsto en el decreto 3/011.

El decreto 390/017 dispone que los usuarios del Seguro Nacional de Salud podrán, en cualquier momento, solicitar a la Junta Nacional de Salud la autorización de cambio de prestador, únicamente cuando: (i) el usuario traslade su domicilio a otro o acredite dificultades supervinientes de acceso geográfico a los servicios del prestador; (ii) existan situaciones originadas en problemas asistenciales que lleven a la ruptura del vínculo porque el usuario perdió la confianza en el prestador.

El decreto asimismo dispone que la solicitud de cambio de prestador presentada ante la Junta Nacional de Salud, deberá acompañarse de una declaración jurada del usuario en el que manifieste su libre e informada voluntad de cambiar de prestador y que el traslado de prestador a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) puede realizarse en cualquier momento.

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