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Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

Se actualiza la normativa vigente referida al lavado de activos.

 

a. Cometidos de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y del SENACLAFT.

En su artículo 1, la ley 19.574 crea la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que dependerá de la Presidencia de la Republica y tendrá como cometido impulsar el desarrollo de acciones coordinadas por parte de los organismos con competencia en la materia.

En adición a lo anterior, se establece que corresponderá a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante, “SENACLAFT”), el diseño de las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En este sentido, la SENACLAFT podrá: (i) elaborar y someter a consideración del Poder Ejecutivo políticas nacionales en la materia; (ii) proponer al Poder Ejecutivo la estrategia nacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; (iii) coordinar la ejecución de políticas nacionales en la materia; (iv) coordinar y ejecutar en forma permanente programas de capacitación; (v) controlar el cumplimiento de la normativa existente en la materia; (vi) suscribir convención con entidades nacionales e internacionales; (vii) elaborar y difundir estadísticas sobre el funcionamiento del sistema nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; y (viii) ejecutar sanciones pecuniarias que imponga mediante resolución.

 

b. Sujetos obligados.

Por su parte, el artículo 12 de la ley 19.574 establece que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay (“BCU”) estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resultan inusuales, se presen sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También deberán ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista.

El incumplimiento de la obligación antes referida dará lugar a las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley 15.322, que van desde la observación hasta la revocación de la autorización para funcionar.

Estarán asimismo sujetos a la obligación antes referida:

(i) las empresas de transporte de valores;

(ii) los casinos;

(iii) las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, con excepción de los arrendamientos;

(iv) los abogados únicamente cuando actúen a nombre y por cuenta de sus clientes en las siguientes operaciones y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que den a sus clientes: a) promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles; b) administración del dinero, valores u otros activos del cliente; c) administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; d) organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades; e) creación, operación o administraciones de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos; f) promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales; g) actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria;  h) cuando provean servicios societarios, fideicomisos;

(v) los escribanos o cualquier otra personas física o jurídica cuando participen en la realización de las operaciones descriptas precedentemente para sus clientes y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que les presten;

(vi) los rematadores;

(vii) las personas físicas o jurídicas dedicadas a la intermediación o mediación en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte, y metales y piedras preciosas;

(viii) los explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación;

(ix) los proveedores de servicios societarios, fideicomisos y en general, cualquier personas física o jurídica cuando en forma habitual realicen transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades: a) constituir sociedades u otras personas jurídicas; b) Integrar el directorio o ejercer funciones de dirección de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones, en los términos que establezca la reglamentación; c) Facilitar un domicilio social o sede a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídica, en los términos que establezca la reglamentación; d) Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; e) Ejercer funciones de accionista nominal por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conforme a derecho, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones, en los términos que establezca la reglamentación; f) Venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos;

(x) Las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general, cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica;

(xi) Los contadores públicos y otras personas físicas o jurídicas, que actúen en calidad de independientes y que participen en la realización de las siguientes operaciones o actividades para sus clientes y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que les presten: a) Promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles; b) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente; c)Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; d) Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades; e) Creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos; f) Promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales; g) Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria; h)Las actividades descriptas en el literal H) del presente artículo; i) Confección de informes de revisión limitada de estados contables, en las condiciones que establezca la reglamentación; j) Confección de informes de auditoría de estados contables.

 

Los sujetos obligadores mencionados en los literales iv, v y xi, no estarán alcanzados por la obligación de reportar transacciones inusuales o sospechosas ni aun respecto de las operaciones especificas en dichos numerales si la información que reciben de uno de sus clientes o a través de uno de sus clientes, se obtuvo para verificar el estatus legal de su cliente o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación.

La información antes referida deberá ser comunicada a la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU. Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones antes referidas determinará la aplicación de sanciones por parte de la SENACLAFT, las cuales serán aplicadas apreciando la entidad de la infracción y los antecedentes del infractor y consistirán en apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado cuando corresponda, ya sea en forma temporaria o definitiva (en este último caso con previa autorización judicial). Las sanciones temporarias no podrán superar los tres meses y el monto de las multas será de entre 1.000 y 20.000.000 unidades indexadas.

En adición a lo anterior, se establece que los sujetos obligados mencionados precedentemente deberán definir e implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para todos sus clientes, que les permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos. Los procedimientos de debida diligencia se deberán aplicar a todos los nuevos clientes, al establecer relaciones comerciales o cuando realicen transacciones ocasionales por encima de los umbrales designados para cada actividad. En función del riesgo, podrán aplicarse medidas de debida diligencia simplificada o intensificada, lo anterior se determinará conforme a los criterios establecidos en la propia norma.

Asimismo, se establece que los sujetos obligados deberán conservar los registro de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, tanto nacionales como internacionales, por un plazo mínimo de cinco años después de terminada la relación comercial o de concretada la operación ocasional. La reglamentación podrá exigir un plazo mayor de hasta diez años.

El artículo 22 de la ley 19.574 impone una obligación de reserva. En este sentido, se establece que ningún sujeto obligado, podrá poner en conocimiento de las personas participantes o de terceros las actuaciones e informes que sobre ellas se realicen o produzcan. Una vez recibido el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a quien lo haya formulado sobre la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trata y a la relación comercial con el cliente. Si la Unidad referida no se pronuncia en un plazo de tres días hábiles el obligado podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses. Asimismo, la referida Unidad guardará la más estricta reserva sobre el sujeto obligado que ha formulado el reporte de operación sospechosa.

 

c. Medidas penales y de cooperación internacional.

El artículo 27 establece que la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá intercambiar información relevante para la investigación con las autoridades de otros Estados que ejerciendo competencias homologas lo soliciten fundadamente. La información a ser suministrada estará protegida por normas de confidencialidad.

En adición a lo anterior, la unidad referida podrá divulgar a los organismos públicos especializados, la información recibida o generada por ésta, sobre determinadas transacciones inusuales o sospechosas cuando considere que la participación de dichos organismos resulta imprescindible para completar las investigaciones en curso.

El Capítulo V de la ley 19.574 establece diversos delitos de lavado de activos, entre los que se encuentran: i) el delito de conversión o transferencia de bienes, productos o instrumentos que procedan del lavado de activos o del financiamiento del terrorismo; ii) el de posesión y tenencia de bienes, productos o instrumentos que procedan de las actividades reguladas por la norma; iii) el delito de ocultamiento de tales bienes, productos u otros derechos relativos a los mismos que procedan de las actividades reguladas por la norma; y iv) el delito de asistencia en tales actividades, entre otras previsiones.

En el capítulo referido se establece asimismo cuales son las consideradas actividades delictivas precedentes, así como las circunstancias agravantes y agravantes especiales de los delitos referidos.

En este sentido, se establece que, son actividades delictivas precedentes del lavado de activos los delitos mencionados en el artículo 34 de la ley que incluye, entre otros, el contrabando; estafa cuyo monto real o estimado sea superior a 200.000 UI; apropiación indebida; los delitos contra la Administración Pública; quiebra e insolvencia fraudulenta; defraudación tributaria cuando el monto de el o los tributos defraudados en cualquier ejercicio fiscal sea superior a: (i) 2.500.000 UI (dos millones quinientos mil unidades indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018; (ii) 1.000.000 UI (un millón de unidades indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2019; defraudación aduanera.

Se establece asimismo que, a efectos del intercambio de información entre Estados, tanto por la vía de la cooperación jurídica penal como de la cooperación administrativa entre Unidades de Inteligencia Financiera, no regirán los umbrales establecidos en los numerales anteriores.

La ley 19.574 establece expresamente que, el delito de lavado de activos es un delito autónomo y como tal, no requiere un auto de procesamiento previo de las actividades delictivas denominadas “precedentes” que se mencionaron anteriormente.

Adicionalmente, se dispone como circunstancias agravantes, la comisión de los delitos establecidos en la ley mediante la participación de un grupo delictivo organizado o mediante el uso de violencia o el empleo de armas o con participación de menores de edad o incapaces y como circunstancia agravante especial, que el o los delitos se cometan con la finalidad de obtener un provecho o lucro para sí o para un tercero.

El capítulo VI de la ley 19.574 establece la procedencia de las medidas cautelares cuando el tribunal penal competente estime que son indispensables, regulando su aplicación. En el capítulo VII se regula la procedencia del decomiso, definido como la privación con carácter definitivo de algún bien, producto, instrumento, fondo, activo recurso o medio económico por decisión del tribunal penal competente a solicitud del Ministerio Publico, como consecuencia jurídica accesoria de la actividad ilícita.

Los capítulos VIII y IX, por su parte, regulan las técnicas especiales de investigación, así como la procedencia, requisitos y directrices en materia de cooperación jurídica penal internacional.

Finalmente, el artículo 79 de la ley 19.574 deroga los artículos 54, 55, 56, 57, 62 y 63 del decreto-ley No. 14.294, de 31 de octubre de 1974, en las redacciones dadas por las leyes No. 17.016, de 22 de octubre de 1998, No. 18.494, de 05 de junio de 2009 y No. 19.149, de 24 de octubre de 2013, los artículos 4º, 5º, 13 y 20 de la ley No. 17.835, de 23 de setiembre de 2004, los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º y 19 de la ley No. 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en las redacciones dadas por las leyes No. 18.494, de 05 de junio de 2009, No. 18.914, de 22 de junio de 2012 y No. 19.355, de 19 de diciembre de 2015, artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9,º 10 y 11 de la ley No. 18.494, de 05 de junio de 2009, los artículos 2º y 3º de la ley No. 18.914, de 22 de junio de 2012, el artículo 49 de la ley No. 19.149, de 24 de octubre de 2013 y todas las normas que se opongan a la misma.

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