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Zonas Francas

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El régimen de Zonas Francas vigente en nuestro país se encuentra regulado por la ley 15.921 y sus normas modificativas. La sanción de la ley 19.566 (en adelante, la “Ley Modificativa”) introduce varios cambios al régimen hasta ahora vigente.

En primer lugar, en la nueva redacción dada al artículo 1º de la Ley 15.921, se amplían los objetivos de la misma, declarándose de interés nacional no solo la promoción y desarrollo de las Zonas Francas con el objetivo de promover las inversiones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e incentivar la integración económica regional (como estaba previsto en la redacción vigente hasta el momento), sino que también se busca diversificar la matriz productiva, aumentar el valor agregado nacional, impulsar las actividades de alto contenido tecnológico e innovación, promover la descentralización de las actividades económicas y, en términos generales, favorecer la inserción del país en la dinámica del comercio internacional de bienes y servicios y los flujos internacionales de inversiones.

Adicionalmente, el artículo 4º de la Ley Modificativa sustituye el literal C del artículo 2º de la ley 15.921, refiere a la posibilidad de que, usuarios de Zona Franca presenten servicios a empresas ubicadas fuera de territorio franco uruguayo, siempre y cuando el receptor del servicio sea un contribuyente gravado por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Otro de los cambios previstos por la Ley Modificativa se encuentra su artículo 5º, donde se amplía el concepto de actividades comerciales, estableciendo que queda comprendido dentro del mismo la posibilidad de comprar bienes o mercaderías que ingresan a la zona franca en la que se realizará la actividad, -  o a otra zona franca -, si esos bienes tenían por origen o destino ya no solo el exterior, sino también el territorio nacional. 

Asimismo, la Ley Modificativa en su artículo 9º, que sustituye el artículo 14 de la ley 15.921, mantiene el requerimiento de que las sociedades de Zona Franca tengan el objeto exclusivo de actuar como tales, según las actividades autorizadas por el régimen vigente, tanto dentro de territorio franco como fuera del mismo.  En esta misma línea, la Ley Modificativa también establece expresamente la prohibición de que las compañías de Zona Franca realicen actividades industriales, comerciales o de servicios que revistan el carácter de sustantivas en territorio nacional no franco más allá de las actividades expresamente previstas para dichas sociedades; sin perjuicio de lo cual, podrán realizarse algunas actividades complementarias o auxiliares. Dichas actividades complementarias solo podrán realizarse siempre y cuando se obtenga autorización previa y expresa a tales efectos, en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo.

En adición a lo anterior, se producen algunos cambios respecto a los plazos máximos de autorización de los contratos de usuario, los cuales serán: (i) en el caso de usuarios directos: 15 años para la realización de actividades industriales y 10 años para la realización de actividades comerciales o de servicios; (ii) y en el caso de usuarios indirectos: 5 años, sin importar el tipo de actividad.

Para aquellos casos de usuarios que tengan contratos en los cuales no se prevé un plazo, o que, en caso de tener un plazo previsto, el mismo exceda lo establecido en la nueva redacción dada al artículo 16 de la ley 15.921, a través del artículo 12 de la Ley Modificativa, deberán presentar, en el plazo de un año -a contar desde la reglamentación de la ley-, toda la documentación actualizada sobre la empresa y un plan de negocios que permita evaluar la viabilidad económica y financiera del negocio, así como su contribución al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Zonas Francas.

En caso de que no se cumpla con el referido requisito, se establece una suspensión y posterior y eventual revocación de la calidad de usuario.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley Modificativa, agrega a la ley 15.921 el artículo 16 TER, estableciendo la obligación para usuarios directos e indirectos de presentar, cada dos años, una declaración jurada ante el Área de Zonas Francas conteniendo información relativa al grado de cumplimiento del proyecto de inversión aprobado oportunamente. En caso de incumplimiento de este requisito, las consecuencias pueden ir desde una multa, hasta la imposibilidad de operar, y finalmente la pérdida de la calidad de usuario.

Dando seguimiento a los cambios introducidos, la nueva redacción dada al artículo 18 de la ley 15.921, establecida mediante el artículo 14 de la Ley Modificativa, mantiene incambiada la regla general que obliga a emplear al menos a un 75% de personal uruguayo (ciudadanos naturales o legales). Sin perjuicio de lo anterior, prevé asimismo a texto expreso que para el caso de empresas que realicen actividades de servicios, será suficiente contar con un 50% de personal nacional, siempre y cuando la naturaleza del negocio a desarrollar así lo requiera. Debe tenerse presente que, para reducir el porcentaje de nacionales legalmente previsto, es necesario presentar una solicitud escrita al Área de Zonas Francas fundando la misma, y ésta tendrá un plazo de 60 días para su contestación. En caso de no tener respuesta dentro de dicho plazo, se tendrá por aprobada la solicitud.

Cabe destacar, asimismo, que la Ley Modificativa establece un capítulo aparte para referirse a las Zonas Francas Temáticas de Servicios. A este respecto, la nueva ley introduce un nuevo artículo 49 a la ley 15.921 en el cual se faculta al Poder Ejecutivo a autorizar la explotación de zonas francas temáticas de servicios – las cuales se consideran como zonas tendientes a la realización de una clase específica de servicios -para la prestación de servicios audiovisuales, esparcimiento y entretenimiento, con excepción de los juegos de azar y apuestas, así como sus actividades complementaras, en los términos que la Ley establezca a tales efectos.

Dentro de sus disposiciones finales, la Ley Modificativa establece en su artículo 22 que, para todos aquellas empresas o personas que hayan adquirido la calidad de usuario con anterioridad a la vigencia de la misma, se mantendrán todos los beneficios, exoneraciones tributarias y derechos, en los términos acordados durante la vigencia de sus contratos, y se prevé también que Ley Modificativa no les será aplicable siempre y cuando implique limitaciones o perjuicios a derechos o beneficios ya adquiridos.

Finalmente, el artículo 25 de la Ley Modificativa agrega un artículo 46 QUARTER al Título 4 del Texto Ordenado 1996, en el cual se establece que los usuarios de Zonas Francas serán solidariamente responsables por las obligaciones tributarias que le correspondan a los sujetos pasivos del IRAE que no posean calidad de tales, derivadas de los ajustes efectuados en las operaciones entre ambos sujetos, siempre y cuando sean partes vinculadas y los mismos no se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entidades independientes.

La Ley Modificativa entrará en vigencia a los 90 días desde su promulgación, esto es, el 8 de marzo de 2018. 

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